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EL GOBIERNO NACIONAL INTENTA DEROGAR LA LEY N° 27.642. PAS

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La Licenciada en Nutrición Gabriela Reina Allan, docente de la UGD participó del programa Nutri Voces (Martes y jueves de 10:00 a 12:00)
En las últimas horas, el Gobierno nacional oficializó el envío al Congreso de la Nación del Mensaje N° 180/2026, un proyecto de ley que establece de forma directa en su Artículo 1º la derogación total de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, y el ministro de salud Mario Iván Lugones, materializa la mayor amenaza histórica contra los derechos de los consumidores en nuestro país.
Los argumentos oficiales plasmados en el texto enviado al Congreso no son nuevos, pero su formalización es alarmante. El oficialismo justifica el desguace de la ley tildándola de "rígida" y acusándola de generar "sobrecostos e ineficiencias" comerciales. En el documento del Ejecutivo se explicita la intención corporativa de desmantelar la política alimentaria bajo los siguientes ejes:
Eliminar los octógonos: Califican al sistema de advertencias obligatorias basado en la OPS como un "esquema binario" que supuestamente "confunde al consumidor" y "produce resultados técnicamente inconsistentes".
Habilitar el marketing para infancias: El proyecto ataca directamente las restricciones en materia de publicidad, comunicación comercial y el uso de elementos gráficos en envases, calificándolas de "limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas". Buscan, lisa y llanamente, devolver los personajes infantiles a los alimentos altos en azúcares y grasas.
El retroceso regional hacia un Mercosur permisivo: El texto argumenta la "ausencia de armonización regional" como una barrera que genera asimetrías y costos para el sector alimentario. Utilizan la presión de la armonización del Mercosur no para elevar los estándares sanitarios de la región, sino para arrastrar a la Argentina hacia marcos regulatorios diseñados a la medida de los intereses de las grandes empresas.
El Gobierno argumenta que la salud no queda desprotegida porque el Código Alimentario Argentino mantendrá la obligatoriedad de las tradicionales tablas nutricionales con las declaraciones de azúcares, grasas y sodio. Sin embargo, omiten deliberadamente que la letra chica y los cálculos matemáticos complejos son incomprensibles para la mayoría de la población, sobre todo en los tiempos que, según la evidencia, se toma la decisión de compra.