El presidente Javier Milei firmó un decreto que amplía las facultades de la Policía Federal, permitiéndole realizar detenciones y tareas de espionaje sin orden judicial. El objetivo declarado es transformar la fuerza en una entidad más investigativa, similar al FBI estadounidense. Organismos de derechos humanos criticaron la medida, alertando sobre el riesgo de abuso y la falta de controles judiciales efectivos. El Gobierno argumenta que existe respaldo legal y que los mecanismos están previstos, aunque mantiene su vigencia por decreto sin pasar por el Congreso .