La medida anunciada, a días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, apunta a un control más estricto de las actividades de los extranjeros en el país. Los inmigrantes, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud.

El Gobierno anunció este miércoles que avanzará con la reforma migratoria, una iniciativa que había sido anticipada en diciembre pasado y que el propio Javier Milei detalló en la apertura de las sesiones ordinarias. Finalmente, en plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, la medida se dio a conocer por el vocero y candidato, Manuel Adorni, quien levantó su perfil en la recta final hacia el domingo.

Sin preguntas de la prensa acreditada, el funcionario se mostró acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Desde su atril en la Sala de Conferencias, Adorni detalló que «ningún extranjero condenado podrá ingresar al país» y que aquellos que cometan un delito en territorio argentino «serán deportados». Respecto al primero caso, lo anunciado ya está previsto en el artículo 29 de la Ley de Migraciones, para quienes tengan antecedentes o condenas superiores a 3 años.