La Ley de Ficha Limpia en Argentina es una iniciativa que busca impedir que personas con condenas penales por delitos dolosos accedan a cargos electivos o funciones públicas. Inspirada en modelos similares implementados en países como Brasil, esta norma pretende elevar los estándares éticos de la política y promover una mayor transparencia en la gestión pública. En su esencia, la ley establece que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos como corrupción, lavado de dinero, abuso sexual, entre otros, no podrán postularse a cargos públicos mientras dure la condena.

El proyecto ha recibido un fuerte respaldo por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que reclaman una clase política más íntegra. De hecho, muchas provincias argentinas ya han adoptado normativas similares a nivel local, reflejando una creciente demanda social por mejores prácticas institucionales. Los defensores de la ley argumentan que no se trata de proscribir a nadie injustamente, sino de aplicar un principio preventivo para evitar que personas con antecedentes graves accedan a espacios de poder desde los cuales podrían perjudicar el interés público.

Sin embargo, la iniciativa también ha encontrado resistencia en algunos sectores del arco político y en juristas que cuestionan su constitucionalidad. Señalan que podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, dado que impide candidaturas antes de una condena firme. También advierten sobre el riesgo de un uso político de la justicia, donde una condena en segunda instancia pueda ser manipulada para eliminar adversarios electorales. En este marco, el debate sobre la Ficha Limpia pone en tensión dos principios fundamentales: el derecho a la participación política y la necesidad de integridad en la función pública.