El 24 de diciembre de 1986, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23.492, conocida como la Ley de Punto Final, marcando un momento clave y polémico en la historia argentina. La normativa estableció la caducidad de los procesos judiciales contra acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que no hubieran sido llamados a declarar dentro de los 60 días corridos a partir de su promulgación.

La Ley de Punto Final fue presentada como un intento de clausurar los juicios a militares y fuerzas de seguridad involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, con el argumento de pacificar al país en un momento de tensiones políticas y militares. Sin embargo, rápidamente generó un profundo rechazo por parte de organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y sectores amplios de la sociedad, quienes lo interpretaron como un gesto de impunidad hacia los responsables de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos sistemáticos.

La sanción de esta ley ocurrió en un contexto de constantes amenazas de sectores militares, que presionaban para frenar las investigaciones judiciales impulsadas tras el retorno de la democracia. Apenas un año antes, en 1985, el país había vivido un hito histórico con el Juicio a las Juntas, que condenó a los máximos responsables de la dictadura. Sin embargo, la Ley de Punto Final implicó una brusca interrupción en los avances hacia la justicia.

Décadas después, en 2003, esta ley sería declarada inconstitucional junto con la Ley de Obediencia Debida, permitiendo la reactivación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Este giro representó un compromiso renovado con la memoria, la verdad y la justicia, pilares fundamentales en la construcción democrática de la Argentina.

La sanción de la Ley de Punto Final continúa siendo un tema de reflexión sobre el legado de la dictadura y los desafíos de la justicia transicional en contextos de profunda polarización política.