SE APROBÓ LA NUEVA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE ADN VINCULADOS A DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

La Cámara de Senadores de la Nación ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen al aprobar la modificación de la ley 26.879, que establece el «Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual». Esta modificación fue aprobada con 39 votos a favor y 20 abstenciones, marcando una verdadera revolución en la identificación criminal en el país.

El senador de Misiones, Carlos Arce, destacó la importancia de esta ampliación del registro, que incluirá a todas las personas procesadas, imputadas y condenadas por cualquier delito. “Es fundamental para que haya justicia en nuestro país”, afirmó Arce, resaltando que esta medida fortalecerá el sistema judicial y facilitará la resolución de casos relacionados con la integridad sexual y otros delitos.

Marcos Zayas, secretario del Banco Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, comentó sobre la inminente implementación de esta modificación, asegurando que en pocos días comenzará a regir en todo el país. “Con esta ley se amplía el banco de ADN a futuro. Ya no solo estarán los condenados por delitos contra la integridad sexual, sino también los registros de todos los delitos dolosos”, explicó Zayas, lo que representa un avance significativo en la recolección y análisis de datos genéticos.

Además, Zayas indicó que la nueva ley permitirá un mejor trabajo con los ADN recolectados en las escenas del crimen, un área en la que Misiones ya ha estado avanzando. Esta adaptación a la modificación de la ley nacional será crucial para optimizar los procesos de investigación y judicialización de delitos.

Por último, se estableció un plazo de cuatro meses para la carga de datos de todos los condenados en el nuevo registro, lo que permitirá una rápida integración de esta información en el sistema y facilitará el acceso a la justicia para las víctimas de delitos. La aprobación de esta ley representa un importante avance en la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficacia del sistema penal argentino.