La mañana del 17 de junio, un tribunal federal ordenó que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años por corrupción en su domicilio de Buenos Aires, debido a su edad (72 años), su prominencia política y razones de seguridad tras el atentado de 2022. Se prevé que lleve una tobillera electrónica, que solo podrá abandonar su hogar por visitas judiciales o causas justificadas. Además, debe presentar la nómina de personas autorizadas a ingresar a su residencia y tendrá restringidas las visitas no justificadas. La decisión desató controversia: el oficialismo y gran parte del peronismo denunciaron persecución política judicial, mientras que sus detractores y sectores de la oposición la consideraron un fallo de justicia, no de revancha. Cientos de simpatizantes se congregaron en torno a su departamento, desde donde Kirchner anunció que impugnará la sentencia ante instancias internacionalescomo la CIDH, y que desde su entorno continuará su actividad política y defensa pública.