El gobierno nacional ha emitido un decreto que modifica la Ley de Situación de Calle y Familias sin Techo, aprobada en 2021. La nueva normativa delega la asistencia a las provincias y limita el rol del Ministerio de Capital Humano
a funciones rectoras. Organizaciones sociales y defensores de
derechos humanos han criticado la medida, argumentando que representa un retroceso en la protección de las personas en situación de calle.
Se teme que la descentralización de responsabilidades pueda generar
desigualdades en la atención y recursosdisponibles.
El gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca una gestión más eficiente y adaptada a las realidades locales, aunque las críticas persisten.