El Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial una nueva reforma migratoria que introduce cambios significativos en los procesos de ciudadanía, residencia,deportaciones, salud y educación. Esta reforma, inspirada en políticas similares a las implementadas en Estados Unidos durante la administración Trump, busca establecer criterios más estrictos para la permanencia de extranjeros en el país.Entre los cambios destacados se encuentra la posibilidad de deportar a inmigrantes que hayan cometido delitos menores y la exigencia de demostrar medios económicos suficientes para acceder a servicios públicos. Además, se establecen nuevas condiciones para la obtención de la ciudadanía y se restringe el acceso a ciertos beneficios sociales para los residentes no permanentes.Estas medidas han generado un amplio debate en la sociedad argentina, con organizaciones de derechos humanos expresando su preocupación por el impacto que podrían tener en las comunidades migrantes y en la cohesión social del país.