La nueva ley de imputabilidad en Argentina ha generado un amplio debate en la sociedad y en el ámbito jurídico

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La reforma propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años para ciertos delitos graves, como homicidios, violaciones y robos a mano armada. El objetivo declarado del gobierno es enfrentar con mayor firmeza el aumento de hechos delictivos cometidos por menores, especialmente en contextos urbanos. La ley también establece que los adolescentes imputables deberán ser juzgados por tribunales especializados y tendrán derecho a una defensa técnica adecuada, preservando principios del derecho penal juvenil y garantías procesales.

El proyecto ha sido respaldado por sectores que consideran que la legislación anterior, vigente desde hace décadas, estaba desactualizada frente al actual panorama delictivo. Sostienen que muchos menores que cometen crímenes graves quedan impunes, lo que fomenta un sentimiento de inseguridad social y desprotección para las víctimas. Desde esta mirada, la ley busca no solo castigar, sino también ofrecer herramientas de rehabilitación, proponiendo centros de reclusión diferenciados y programas de reinserción educativa y social para los menores condenados.

Sin embargo, también ha recibido críticas de organismos de derechos humanos, especialistas en infancia y algunos sectores políticos. Argumentan que bajar la edad de imputabilidad no resuelve las causas estructurales del delito, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Además, advierten que podría fomentar la criminalización de la adolescencia y agravar la situación de los jóvenes en conflicto con la ley. En este contexto, la implementación de la norma será clave para evaluar si logra un equilibrio entre la necesidad de justicia y la protección de los derechos de los niños y adolescentes.