El Gobierno nacional solicitó formalmente al Banco Mundial la suspensión de nueve programas de financiamiento por un total de 1.700 millones de dólares, entre los que se incluían importantes obras de infraestructura. La decisión, tomada en diciembre pasado, impacta en proyectos clave como la electrificación del ferrocarril Belgrano Sur, que contaba con un presupuesto de casi 600 millones de dólares, además de obras hídricas, de saneamiento, energías renovables y gestión de riesgos rurales.

La medida se enmarca en la política de ajuste impulsada por la administración de Javier Milei, que busca reducir la obra pública y el gasto estatal. Según fuentes oficiales, el objetivo es redirigir los recursos hacia áreas consideradas prioritarias, como el empleo, la educación y la asistencia social. En este sentido, programas como Fomentar Empleo serán los principales beneficiarios de la nueva estrategia financiera del Gobierno.

Desde el Banco Mundial confirmaron que la cancelación de estos fondos se formalizó el 23 de diciembre, en respuesta a un pedido del Ejecutivo argentino. Explicaron que los recursos estaban destinados a proyectos que «hoy no son prioridad» para la gestión actual y que la mayoría de ellos habían sido aprobados durante el mandato de Alberto Fernández.

El secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, justificó la decisión al señalar que la administración revisa constantemente la calidad de su cartera de préstamos y prioriza aquellos con impacto social. “La línea Belgrano Sur de trenes no forma parte de las obras priorizadas. No nos sirve de nada tener préstamos aprobados que nos aumentan la deuda y que no sean ejecutados”, afirmó el funcionario, subrayando la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos financieros.

La cancelación de estos fondos generó diversas reacciones en distintos sectores. Mientras que el oficialismo sostiene que se trata de una medida necesaria para evitar el endeudamiento en proyectos que no se consideran esenciales, desde la oposición y algunos especialistas advierten sobre el impacto que podría tener la paralización de estas obras en la infraestructura del país y en la generación de empleo. En los próximos meses, el Gobierno deberá definir qué nuevas líneas de financiamiento negociará con organismos internacionales y cómo afectará esta reorientación de recursos a la economía nacional.