El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de concesión de áreas de servicios en los pasos fronterizos, y Puerto Iguazú se encuentra en la lista de los próximos puntos a privatizar. La medida, que ya comenzó a implementarse en la provincia de Corrientes, incluye el puente internacional Tancredo Neves, que une la ciudad misionera con Foz de Iguazú, Brasil. Según una publicación del diario La Nación, este proceso avanza sin haber sido anunciado previamente por las autoridades nacionales.

Las primeras concesiones en marcha corresponden a los pasos fronterizos de Paso de los Libres y Santo Tomé, ambos en Corrientes. En el caso de Paso de los Libres-Uruguayana, la licitación fue lanzada en noviembre pasado, pero la Justicia brasileña ha suspendido temporalmente el proceso debido a la administración binacional del cruce. Mientras tanto, el otro paso correntino, Santo Tomé-São Borja, también está en pleno proceso de licitación.

Iguazú aparece como la siguiente en la lista, seguido por el paso de Uspallata, en Mendoza, que conecta con Chile. La propuesta del Gobierno apunta a que empresas privadas se encarguen del mantenimiento y la infraestructura en estos pasos internacionales, abarcando áreas de estacionamiento, playones para camiones y servicios básicos como baños públicos. A cambio, los concesionarios recibirían espacios dentro de los predios para desarrollar actividades comerciales, desde restaurantes y hoteles hasta tiendas libres de impuestos y casas de cambio.

A pesar de la privatización de estos espacios, las funciones de control seguirán bajo la órbita de organismos estatales como la Gendarmería Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones, la Aduana (actualmente ARCA) y el Senasa. Sin embargo, la medida genera interrogantes sobre el impacto en los trabajadores y la posible modificación de las condiciones de acceso y uso de estos servicios.

El avance del proceso en Iguazú y otros puntos fronterizos será clave para evaluar el impacto de esta decisión. Mientras tanto, sectores políticos y comerciales locales observan con atención las consecuencias que la privatización podría traer en términos de costos, infraestructura y regulación del comercio fronterizo.