El Congreso de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que otorga poder absoluto al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, consolidando un control total sobre los poderes del Estado. Esta medida ha generado preocupación internacional por el debilitamiento de la democracia y el aumento de la represión.

La reforma incluye cambios en la estructura judicial y legislativa, lo que permite al ejecutivo intervenir en decisiones clave sin contrapesos institucionales. Críticos han denunciado que estas acciones eliminan cualquier posibilidad de elecciones libres y justas en el país.

La oposición y organizaciones de derechos humanos han condenado la reforma, señalando que socava aún más las libertades civiles. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, ha llamado a sanciones adicionales contra el régimen de Ortega.

En respuesta, el gobierno nicaragüense ha defendido la reforma como una medida necesaria para garantizar la «estabilidad política y económica». Sin embargo, las protestas internas están aumentando, con ciudadanos demandando el restablecimiento del orden democrático.

Este movimiento político profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua, con llamados a organismos multilaterales para intervenir y proteger los derechos fundamentales de los nicaragüenses​.