Al promover que los procesos de disolución del vínculo matrimonial se resuelvan en sedes administrativas, se busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y dinero, además de generar una sobrecarga innecesaria en los tribunales.

El Poder Ejecutivo presentó hoy un proyecto de ley para implementar el divorcio simplificado en sede administrativa y civil cuando la disolución del matrimonio es de mutuo acuerdo entre las dos partes.

De esta manera, se busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y recursos económicos para el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.

El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado de Registro de Estado civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo.

Son varios los países tienen un sistema de divorcio administrativo o uno de divorcio notarial, entre los que se encuentran Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón.

En defensa de la institución del divorcio vincular matrimonial, en el texto del proyecto el Gobierno se rebatió la teoría de que la disolución formal del vínculo matrimonial “traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad”.